Los sindicatos denuncian la «irresponsabilidad» por el cierre de las canteras de áridos de Güímar
3-8-2005 04:02:53
ACNCANARIAS. UGT y CC.OO. denunciaron ayer la «apatía y la irresponsabilidad» de las administraciones local, insular y autonómica por no legalizar las canteras de extracción de áridos de Güímar que, tras 35 años en funcionamiento, se deben cerrar tras una sentencia judicial (de 2002) que las califica de ilegales. Desde septiembre de 2004 se han cerrado cinco de las siete existentes, lo que ha provocado que 400 personas pierdan sus puestos de trabajo, número que podría ampliarse en unos 70 más si se cierran las dos restantes.Así lo anunciaron Luis Fernández, secretario general de UGT-Tenerife; Elena Costa, representante insular de CC.OO.; y Conrado Plasencia, secretario del sector del Metal de UGT, quienes anunciaron acciones de protesta que podrían concluir en una huelga si no se garantiza el futuro de los puestos de trabajo y de la actividad de las canteras.La primera de las acciones se producirá entre el 15 y el 20 de agosto y consistirá en una concentración en Güímar, a la que seguirá una manifestación de camiones hasta el Cabildo de Tenerife, para finalizar con una huelga, destacó Conrado Plasencia.Los sindicatos demandan medidas de urgencia para que los trabajadores despedidos tengan derecho a cobrar la prestación por desempleo. Piden que la Dirección General de Trabajo aplique a estos empleados una suspensión temporal del servicio, lo que les permitiría recibir la prestación por desempleo y mantener su antigüedad si la cantera se reabra.La representante de CC.OO. alertó de que la suspensión de la extracción de áridos en Güímar provocará que haya que importarlos de otros lugares, lo que encarecerá el producto y los precios de las viviendas. Dijo que las administraciones deben hacer cumplir la sentencia que obliga al cierre, pero reclamó acciones urgentes que solucionen la cuestión.Luis Hernández sostuvo que el pleno del Ayuntamiento de Güímar (administración que interpuso la demanda judicial) podría legalizar las canteras mediante un documento provisional del Cabildo tinerfeño, que podría adelantar el plan parcial del municipio para la extracción de áridos.
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